Según Andrade, la Fiscalía le atribuye dos casas de US$ 4 millones; el juez sostiene que no llegan a US$ 45.000

El fiscal de la provincia de Pichincha, Darwin Jaramillo, investiga por presunto enriquecimiento ilícito al juez penal Renán Andrade, quien ejercía como magistrado de la unidad anticorrupción hasta que el Consejo de la Judicatura la eliminó a inicios de septiembre. El funcionario informó que ya pidió una audiencia de formulación de cargos contra el magistrado, instancia en la que, según dijo, la información del proceso será pública.

La cifra central del caso está en disputa. Andrade sostuvo en una carta pública difundida en su cuenta de la red social X que la propia Fiscalía, en una investigación previa, le atribuye "dos casas por más de 4 millones de dólares en Pedernales, en sectores donde no hay ni asfalto ni alcantarillado. Ambas casas no suman ni 45.000 dólares". Según el juez, el organismo "ha reconocido errores de buena fe" y "así existen más errores".

La carta está dirigida al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reimberg. "Son retaliaciones, quizás, por mi desacuerdo con la supresión de la Unidad Especializada. Estoy presto a renunciar, solo quiero que dejen de perseguirme", escribió el magistrado, que también pidió a las autoridades consultar a "los altos mandos de la Policía" y a los "cooperantes internacionales de Estados Unidos" por su trabajo como juez.

El procedimiento llegó con anticipación a oídos del investigado, según la versión del fiscal Jaramillo: la información sobre el allanamiento se filtró antes de la operación, lo que le habría permitido al juez salir de su vivienda diez minutos antes de que un magistrado de la Corte Provincial de Pichincha emitiera la orden de detención en su contra. El propio Andrade confirmó públicamente que la Fiscalía allanó su casa.

Sobre los tiempos, el juez afirmó que la investigación se abrió en 2025 y se reactivó el 25 de septiembre, después de que él y otra jueza presentaran una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional por la eliminación de la unidad anticorrupción. El fiscal Jaramillo rechazó ese vínculo y afirmó que la pesquisa no está relacionada con la acción impulsada contra la Judicatura. El magistrado situó además el origen de los hechos indagados en 2020, cuando le diagnosticaron cáncer.

El fiscal evitó dar detalles del proceso y el nombre del investigado amparándose en una "reserva" de la investigación, aunque confirmó que el implicado ejerce actualmente como juez penal. La instancia que sigue es la audiencia de formulación de cargos, donde —de acuerdo con lo declarado por Jaramillo— el expediente dejará de estar bajo reserva.