Diputados restituye la Ley de Tierras Rurales y el texto vuelve al Senado
El oficialismo reincorporó el artículo que restituye la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011, al proyecto de 'inviolabilidad de la propiedad privada', en medio de la presión social y de los fallos de la Corte Suprema.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles la restitución de la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011, a través de un artículo adicional incorporado al proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" que impulsa el Poder Ejecutivo. Como el texto quedó modificado respecto de lo que había votado el Senado, debe regresar a la Cámara alta para una nueva aprobación.
La norma que se repone es la que el Gobierno de Javier Milei había derogado por decreto en 2023, dentro del paquete de desregulación económica. Esa derogación quedó primero en suspenso por una medida cautelar de un tribunal de alzada en marzo de 2024. El proyecto oficialista traía en su versión inicial un capítulo que flexibilizaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros; ese capítulo fue eliminado por el propio oficialismo antes de que el texto llegara al Senado.
La decisión de reincorporar la ley fue anunciada por el Ejecutivo el pasado miércoles, en respuesta a la creciente presión social y ante la posibilidad de que la oposición consiguiera los apoyos para revertir el decreto. La sesión que la oposición convocó el jueves para debatir esa derogación no reunió el quórum necesario ni siquiera para abrir el debate.
En paralelo, la Justicia avanzó: el 29 de septiembre la Corte Suprema revirtió el fallo de marzo de 2024 y avaló la derogación dispuesta por decreto, lo que reactivó el reclamo opositor. El 9 de octubre, tras fuertes cuestionamientos a esa sentencia, el mismo tribunal volvió a dejar en suspenso la derogación, esta vez a partir de un reclamo presentado en 2024 por una organización ambientalista de la Patagonia.
Con el artículo adicional, el texto aprobado por Diputados no solo deja intactos los límites vigentes: repone expresamente la redacción original de la ley de 2011. La pelota queda ahora en el Senado, que ya había dado su visto bueno a una versión sin ese artículo.
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