Declaró 58.812 km; el tablero marca 31.190: más de ₲120 millones

Un chofer y un técnico en enfermería contratados por la Séptima Región Sanitaria fueron desvinculados por el presunto desvío de combustible destinado a las dos ambulancias de la Unidad de Salud Familiar de Cambyretá Centro. La medida se oficializó por la Resolución 279/26, emitida por el ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. La denuncia fiscal habla de un daño patrimonial al Ministerio de Salud de más de 120 millones de guaraníes.

La diferencia entre lo declarado y lo que marcan los tableros es el eje del expediente. Según la denuncia fiscal, una ambulancia Iveco con matrícula AAHV 946 tenía declarado un recorrido de 58.812 kilómetros, mientras que el valor real era de 31.190: 27.622 kilómetros de diferencia. En el otro caso se inspeccionó una Land Cruiser con matrícula A-439, con 38.189 kilómetros declarados frente a 11.646 registrados en el rodado, una brecha de 26.543 kilómetros.

El director de la dependencia local del Ministerio de Salud Pública, doctor Eleno Arévalos, explicó cómo funcionaba el acceso al combustible: “Los choferes son los responsables de la tarjeta de combustible, ya que solamente ellos tienen acceso a la contraseña para utilizarla”. Según la investigación interna, los funcionarios usaban la tarjeta para la compra de combustible de las ambulancias, pero este no se utilizaba en los móviles de traslado de pacientes.

Las irregularidades fueron detectadas tras controles realizados durante el Mundial de Rally, según Arévalos, y la investigación interna duró casi dos meses. El sumario no logró determinar el modus operandi, pero sí la inconsistencia entre los recursos utilizados y el kilometraje real de los vehículos. No se descarta que el combustible pudiera haber sido cargado en otros vehículos particulares o sacado del tanque de las ambulancias.

El técnico en enfermería quedó involucrado porque fue mencionado en la declaración del chofer, quien detalló cómo ambos supuestamente operaban para utilizar el combustible y hacer las cargas irregulares. Sobre esos puntos, Arévalos fue explícito: “Esos detalles serán investigados por el Ministerio Público”.

El director de la región sanitaria indicó que una de las ambulancias tiene tres años y la otra es más antigua, y estimó que el esquema podría estar operando desde hace al menos tres años. Queda por establecer quién controlaba las cargas fuera del kilometraje de los móviles y si el perjuicio supera los 120 millones ya contabilizados.