Según su defensa, cumplió la pena mínima el 16 de octubre y sigue preso sin acusación

Marcos Manoel Ribeiro de Assis, brasileño de 57 años, fue detenido el 16 de abril de este año en el Aeropuerto Silvio Pettirossi. Su abogada, Raquel Talavera Giménez, afirma que la pena mínima del delito que se le imputa —seis meses— se cumplió el 16 de octubre de 2026 y que él continúa preso, sin acusación fiscal en su contra, porque el Ministerio Público pidió y obtuvo una prórroga extraordinaria para seguir investigando.

Según la defensa, el Juzgado calificó el hecho como contrabando, aunque los propios hechos descriptos por la Fiscalía mostrarían que se trata, a lo sumo, de una tentativa. Talavera cita el relato fiscal: «Marcos dejó el carry on en el salón de embarque, se separó voluntariamente de él, nunca abordó el avión, nunca salió del país y ninguna mercadería cruzó frontera alguna. Fue precisamente el abandono de la maleta lo que dio origen al procedimiento». La abogada añade que, con una u otra calificación, la ley paraguaya prevé para ese delito pena de hasta cinco años o multa, con un mínimo de seis meses.

El 22 de octubre de 2026 el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de libertad. De acuerdo con la defensa, la resolución «reconoce que existe el límite constitucional, pero sostiene que debe 'ponderarse' con otros criterios y con 'la necesidad de garantizar la administración de justicia'». Para Talavera, el Juzgado «se coloca por encima de la Constitución y decide que la prisión preventiva sí puede ir más allá de la pena mínima, exactamente lo que la Constitución prohíbe». La profesional invoca el artículo 19 de la Constitución y el artículo 236 del Código Procesal Penal.

Sobre los motivos para mantenerlo detenido, la abogada señala que se argumenta que Ribeiro de Assis no tiene vínculos familiares en Paraguay y no puede ofrecer una garantía real: «Es extranjero, es insolvente, está enfermo. Se le exige lo que por definición no puede tener, y esa imposibilidad se convierte en motivo de prisión». Menciona que el detenido padece cuadros de asma, diabetes e hipertensión y que no registra antecedentes penales.

La resolución fue apelada por los abogados Erich Christian Ratzlaff Barreto y Raquel Talavera Giménez ante el Tribunal de Apelación en lo Penal, con pedido de nulidad por violar el mandato constitucional y de libertad inmediata. Como alternativa, la defensa ofreció un domicilio en Asunción para arresto domiciliario, con prohibición de salida del país y control electrónico, y solicitó que se lo exima de los costos por insolvencia económica. Talavera menciona que una persona ofreció su propia casa, por razones humanitarias, para que cumpla eventualmente esa medida.

«La conclusión es simple y grave: en Paraguay, el pobre y el extranjero no tienen derecho», sostiene la abogada. Y agrega que el fallo invoca la «gravedad del hecho» y la pena que «podría» recibir para justificar la prisión de alguien que no fue juzgado: «Eso es tratarlo como culpable antes de cualquier juicio».