Contraloría detecta 1.090 títulos de funcionarios para aclarar y solo revisó 35 instituciones

La Contraloría General de la República presentó a la Comisión Especial de Investigación sobre títulos presuntamente falsos del Senado un informe preliminar que identificó 1.090 títulos correspondientes a 1.082 funcionarios públicos en 35 instituciones. El presidente de la comisión, Patrick Kemper, dijo que los hallazgos muestran fallas reiteradas de control, debilidades en los sistemas informáticos y concentración de funciones, y pidió controles más efectivos y verificación individual de cada caso. El informe también detectó 877 ofertas académicas sin acreditación vigente en el grupo examinado, 184 de ellas en el área de salud.

El contralor Camilo Benítez calificó la situación como más grave de lo previsto, pero aclaró que el documento es preliminar y no permite dimensionar todas las presuntas irregularidades porque el análisis se hizo solo en 35 instituciones. Al momento de elaborarse el informe faltaban respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas; el universo total de personas a investigar asciende a 94.000, según indicó. La revisión no incluye al Poder Judicial, la Fiscalía ni el Congreso, y la propia Contraloría registra cuatro casos con sumarios administrativos iniciados. El organismo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por presunción de un hecho punible.

Benítez cuestionó el desempeño del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones): “El Cones no cumple con su misión de manera mínima. Existen muchísimas universidades, facultades y carreras que la gente cursa y que el Cones no les habilita”, sostuvo. Agregó que hay carreras sin acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), que el Cones no habría aplicado sanciones en los casos analizados y que el propio organismo reconoce limitaciones de infraestructura y recursos humanos. Como salida, sugirió que el Cones evalúe suspender las habilitaciones hasta que se reorganice y tome las medidas necesarias.

En el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el informe identificó funcionarios que accedieron a cargos con títulos que, según las universidades consultadas, no fueron cursados en esas instituciones. Benítez cuestionó que el MEC no haya realizado las investigaciones o verificaciones correspondientes y aclaró que la situación también involucra a universidades nacionales y privadas, sin eximirlas de responsabilidad. El contralor advirtió que las respuestas de las universidades podrían contener errores, por lo que será necesario contrastarlas antes de concluir responsabilidades.

La investigación se concentra por ahora en funcionarios públicos y no contempla al sector privado. Kemper mencionó que existen propuestas legislativas relacionadas con el tema, mientras el informe sigue pendiente de respuestas de instituciones estatales y universidades consultadas.