Contraloría colorada: el examen a la fortuna de Peña dejó fuera 2017-2023

La Cámara de Diputados convocó para mañana a las 9:00 al acto de juramento del contralor reelecto Camilo Benítez Aldana (ANR) y del electo subcontralor Armindo Torres (ANR), hasta ahora director de Declaraciones Juradas de la Contraloría. Asumen por el periodo que se extiende hasta el 1 de noviembre de 2031. Es la primera vez que la Contraloría General de la República tendrá a dos autoridades del mismo partido, el Colorado.

El relevo no es menor: el actual subcontralor liberal Augusto Paiva será reemplazado desde mañana por Torres, con lo que se trata de un hecho inédito desde la creación del ente contralor tras la caída de la dictadura. Benítez, en tanto, arranca su segundo periodo oficial (2021-2026 y ahora 2026-2031), aunque entre 2019 y 2021 ya había completado desde la subcontraloría el mandato que correspondía al entonces contralor Enrique García, quien se vio forzado a renunciar antes de ser echado.

Las objeciones de la oposición contra ambos tienen un punto en común: el examen de correspondencia con el presidente Santiago Peña. La Contraloría determinó que supuestamente no existían inconsistencias sobre la fortuna del mandatario, luego de una verificación que dejó fuera el periodo en el que Peña no estuvo en la función pública, 2017-2023. Ese tramo no analizado le habría permitido justificar, por ejemplo, su mansión en San Bernardino, declarada por el propio Peña en US$ 900.000, pese a que alegó que la pagó en parte con un préstamo de Ueno Bank —banco de sus exsocios comerciales del Grupo Vázquez—, que le otorgó un crédito para la construcción aunque no tenía el título de propiedad del terreno.

Otras objeciones contra Benítez apuntan a haber sido funcional para la pérdida de investidura de la exsenadora Kattya González y para la destitución del exintendente de Ciudad del Este y precandidato presidencial por Yo Creo, Miguel Prieto.

El trabajo del ente contralor volvió al centro de la escena con la imputación del extitular de Petropar, Eddie Jara, por presunto enriquecimiento ilícito, causa penal que tuvo origen en un examen de correspondencia de la Contraloría. La denuncia incluye además a la diputada oficialista Johana Vega, pareja actual de Jara. Con la jura de mañana, ambas autoridades quedan al frente del control del dinero público hasta 2031.