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Economía
22 de octubre de 2026 · 10:05 a. m.· Con información de Última Hora
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APP para la Ruta 1: casi US$ 500 millones con financiamiento cerrado

El Gobierno vuelve a financiar obra pública con capital privado: cada APP implica pago futuro por largos periodos y el pago de peajes sigue sujeto a análisis.

Ruta 1 (Paraguay)
Ruta 1 (Paraguay). Foto: Iamlatin / CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

El Gobierno reactivó el financiamiento privado de la obra pública mediante Alianzas Público-Privadas (APP) y contratos "llave en mano". La ministra Claudia Centurión defendió el esquema con una frase que resume el argumento oficial: "El Estado no puede cubrirlo todo. Por eso, nuestro gobierno ha reactivado aquello que quedó hace unos años dormido". El proyecto de modernización de la ruta PY01, en el tramo Cuatro Mojones – Quiindy, es parte de esta modalidad.

Bajo ese formato se desarrollaron la Ruta 1, la Ruta 10 y un viaducto de casi 4 kilómetros que el material original califica de cuestionado. En contraste, el tren de cercanías, presentado como el tan esperado, sigue en etapa de diseño.

Según Centurión, la Ruta 1, una obra de casi 500 millones de dólares, y la Ruta 10 ya cuentan con financiamiento cerrado con apoyo del BID Invest. La ministra destacó además que en el caso de la Ruta 1 el proceso se completó en solo diez meses.

Desde el sector privado, Eduardo Bloomberg, director ejecutivo de la empresa Tocsa, explicó que en los contratos "llave en mano" el contratista asume el riesgo técnico y financiero durante la construcción.

La advertencia vino del ex ministro de Hacienda César Barreto: cada APP implica de todas maneras un pago futuro por largos periodos, lo que reduce el margen de recursos disponibles para infraestructura. A eso se suma el pago de peajes, una opción que mencionó Marco Elizeche, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, y que sigue sujeta a análisis.

El material no detalla el monto total de esos pagos futuros, el plazo de los contratos ni el costo que tendría el peaje para el usuario. El debate, según el propio resumen del caso, queda planteado en torno a cómo equilibrar la sostenibilidad de las cuentas públicas con la urgencia de infraestructura.

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