Aguilera impulsa 10 años de cárcel para "terrorismo financiero" mientras pide informes sobre el Banco Atlas

El diputado Alejandro Aguilera, representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y vice líder del bloque oficialista, impulsa un proyecto de ley que sancionaría con hasta 10 años de prisión a quienes cometan presuntos hechos de "terrorismo financiero", según publicó ABC Color. El legislador solicita informes financieros sobre el Banco Atlas, entidad vinculada al grupo periodístico ABC Color, y defiende al titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

Consultado sobre el comunicado en el que Asoban advirtió que las explicaciones remitidas por el BCP al Congreso no despejan los interrogantes sobre la supervisión bancaria, Aguilera respondió: "Lo que Asoban diga o deje de decir me tiene sin cuidado". El gremio desmintió que su reclamo obedezca a intereses comerciales y exigió que las normativas y medidas correctivas se apliquen por igual a todas las entidades del sistema. La postura del diputado va en sentido contrario al pedido de aclaraciones formulado por el Senado.

La defensa del titular de la banca matriz: según el legislador, a Carvallo "lo reconocen en lugares de preeminencia y organismos internacionales lo premian". Carvallo fue expresidente de Financiera Ueno, hoy Ueno Bank, entidad del Grupo Vázquez que custodia US$ 855 millones provenientes del sector público y del Fondo de Jubilaciones del IPS.

Documentos internos del BCP revelan que Ueno Bank intentó simular la desvinculación de sus empresas transfiriéndolas a exgerentes y empleados del propio conglomerado, operación detrás de la cual salieron a la luz millonarios créditos concedidos en condiciones precarias. Un equipo de supervisores detectó la maniobra y notificó formalmente al banco. Otro informe del BCP señala serias observaciones sobre la solvencia de la entidad y detalla un plan de fusión respaldado por facilidades financieras por US$ 691 millones, otorgadas por la banca matriz bajo la gestión de Carvallo.

Aguilera representa a la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En julio pasado, tras ser reelecto en el JEM, apoyó públicamente la decisión de la Fiscalía de desestimar el caso "Pupitres Chinos", que investigaba sobrefacturaciones con fondos de Itaipú vinculadas a sectores del oficialismo.

Aguilera también registra una denuncia penal sin avances. Un mes después de dejar la intendencia de Villarrica, en 2021, el entonces nuevo intendente Magín Benítez (PLRA) lo denunció junto a su antecesor ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) por supuesta lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y producción de documentos falsos, entre otros delitos que habrían provocado un perjuicio millonario a las arcas municipales. Según la denuncia, durante su gestión el municipio recibió un desembolso de USD 312.000 —donación de Taiwán— para la remodelación del Teatro Municipal, pero unos G. 500 millones se desviaron para cubrir gastos ajenos al proyecto. A cinco años de la presentación formal, la Fiscalía no registra avances ni ha asignado fiscal para la investigación.