₲ 412,5 millones en honorarios: la Fiscalía pide pericia contable sobre documentaciones de González y su esposa

El fiscal Christian Benítez solicitó una pericia contable al Laboratorio Forense del Ministerio Público sobre las documentaciones financieras, bancarias, tributarias y patrimoniales de José Antonio González Maldonado, exdirector jurídico del IPS, y de su esposa, Silvia María Casaccia Arias. La diligencia se suma a la causa abierta el 21 de abril por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

El eje del análisis es el cobro de G. 412.500.000 en concepto de honorarios profesionales que González percibió como parte del acuerdo entre el IPS y el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, cuando ocupaba la dirección jurídica de la institución. La especialista designada deberá establecer la fecha y la cuenta en que se acreditó ese monto, los movimientos posteriores y el destino final de los fondos.

El pedido no responde solo a la búsqueda de más datos. La Fiscalía solicitó en mayo de 2026 a la Contraloría General de la República un examen de correspondencia sobre los bienes declarados por González: la institución tenía un plazo perentorio de 10 días hábiles, pidió una prórroga y también venció. El fiscal reiteró el pedido en tres ocasiones y no obtuvo respuesta, de modo que la pericia busca incorporar más datos a la investigación en curso.

El trabajo pericial cubre de enero de 2017 a octubre de 2026. Debe establecer si González y Casaccia prestaron servicios en la función pública en ese periodo, con detalle de cargos, instituciones y montos percibidos, además de los inmuebles, vehículos y activos registrados a su nombre y el total de ingresos y egresos. Sobre esa base se medirá la evolución patrimonial de la pareja entre el inicio y el cierre del periodo investigado.

La denuncia original apunta a un supuesto acrecentamiento patrimonial desmedido. González consignó los G. 412.500.000 en una declaración jurada presentada en 2025, pero, según la denuncia, en el litigio intervinieron varios profesionales del derecho y el entonces director jurídico habría hecho un reparto discrecional del dinero, sin detallar esa distribución ante la Contraloría. Después presentó su renuncia al IPS.

Las conclusiones de la pericia habilitarán a la Fiscalía a adoptar medidas, que podrían ser la imputación o un pedido de desestimación de la denuncia.