100 millones de rublos para destruir libros que, según la librería, eran legales al publicarse

Chitai-Gorod, la mayor cadena rusa de librerías, ya sabe cuánto le cuesta deshacerse de los libros que las autoridades prohibieron después de que se pusieran a la venta. Su director, Brichkin, calculó los gastos de destrucción en unos 100 millones de rublos, según la entrevista que dio a RBC. A esa cifra se suman decenas de millones de rublos más por etiquetar los títulos con contenidos restringidos, como drogas. Es decir: la cadena paga dos veces, una por marcar lo que ahora está limitado y otra por hacerlo desaparecer. El procedimiento no es barato. El reciclado se hace con máquinas trituradoras que se contratan a otras empresas. «No podemos echar los libros a la basura. Son residuos tóxicos. Por tanto, tenemos que reciclarlos por nuestra cuenta», explicó Brichkin a RBC. El punto que el director pone sobre la mesa es el calendario. Según su versión, la prohibición alcanza en muchos casos a libros que no tenían ninguna restricción cuando se publicaron. «Al momento de su publicación, el libro cumplía tanto con el espíritu como con la letra de la ley rusa», afirmó. Así ocurrió, siempre según su relato, con un título que una revisión de expertos detectó después que contenía «propaganda LGBT», prohibida en diciembre de 2022. Brichkin sostiene que esas decisiones se toman de repente y que, para el librero, implican de inmediato responsabilidad penal. También cuestionó la falta de transparencia y de certificación de los propios expertos que determinan qué contenido entra en la categoría de propaganda LGBT. No es un caso aislado. En abril, las autoridades rusas detuvieron al director general de la editorial Eksmo, acusado de difundir literatura sobre homosexualidad. Dos meses antes, la editorial Popcorn Books fue procesada judicialmente por la misma causa y anunció su cierre definitivo. El marco legal viene de 2022. Ese año Rusia prohibió la propaganda LGBTI y el Tribunal Supremo del país declaró «extremista» a ese movimiento. Según Brichkin, no existe un proceso de certificación ni de verificación de las opiniones de los expertos que deciden qué libro se convierte en residuo tóxico. La cadena ya presupuestó los 100 millones de rublos para destruir títulos que, según su director, estaban permitidos cuando se publicaron.