Hambre Cero: Contraloría admite falta de infraestructura y auditará a municipios

El contralor general de la República, Camilo Benítez, anunció que la Contraloría evaluará el cumplimiento real de gobernaciones y municipios con los fondos de Hambre Cero, ante la falta de espacios donde se alimenta a los estudiantes. "Nosotros no vemos que haya niños que no coman. Lo que sí vemos, que es lo que se está publicando hoy, es la falta de infraestructura, que también es parte de la meta", sostuvo.

La advertencia a las administraciones departamentales y municipales fue explícita: "Si ellos, después de dos años de la implementación de esta política, no se tomaron el esfuerzo de invertir en la infraestructura que era necesaria a todas luces, entonces estamos muy mal". Es decir, el dinero del programa ya lleva dos años ejecutándose y el control sobre lo invertido en infraestructura recién se hará ahora, según lo que el propio contralor describió.

Consultado por las cifras que evidencian que miles de niños aún no reciben raciones alimentarias, Benítez aclaró que el enfoque principal de control de la institución se centra en la verificación directa en terreno. El contralor ubicó el problema central en la falta de espacios adecuados para servir la comida.

Sobre la ministra de la Juventud, Salma Agüero, explicó que la Contraloría realiza un estudio preliminar, con trabas técnicas: "Ella tiene una sola declaración jurada, por ende, solamente podemos hacer un estudio de veracidad, no de correspondencia porque no tenemos con qué comparar". Añadió que el hecho que salió a la luz con la imputación corresponde a un periodo en que "no era funcionaria pública" y que escapa a la cobertura de la institución.

En el caso de la senadora Zenaida Delgado, cuestionada por su patrimonio y el manejo de cuentas, Benítez fue tajante al señalar que la gravedad de los hechos supera los tiempos formales de la Contraloría: "Por lo que escuché hoy, es algo que amerita más la intervención de la Fiscalía que de la Contraloría".

El contralor justificó esa postura en los plazos técnicos de un examen financiero tradicional: "Me parece que para nosotros, hacer un trabajo muy formal en cuanto a la actividad del enriquecimiento patrimonial, lleva tiempo. O sea, me parece a mí que hoy nosotros darle 6 meses de tiempo a este problema hasta podría ser contraproducente con la salud de la República del Paraguay ante un hecho tan grave denunciado", concluyó.