Una jueza de Florida escucha la demanda de 992 cubanos que buscan regularizar su estatus en EE.UU.

La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, escuchará mañana los argumentos de 'Bello-Rubio vs. el Departamento de Seguridad Nacional' (DHS), una demanda impulsada por 992 cubanos que piden a Estados Unidos reconocer su estatus legal y la aplicación de la Ley del Ajuste Cubano, que otorga la residencia después de un año de residir legalmente en el país.

Los demandantes forman parte del grupo de entre 500.000 y 600.000 cubanos que entraron a Estados Unidos tras el vencimiento de la política conocida como 'Pies secos, pies mojados', en 2017, que permitía quedarse de forma legal a quienes pisaran territorio estadounidense. Se estima que medio millón de cubanos ingresó entre 2019 y 2023 por la frontera con México y recibió un documento I-220A, de "libertad bajo palabra", que el Gobierno no considera un estatus como el 'parole', por lo que no les permite solicitar la residencia permanente.

Entre los migrantes que permanecen en esa situación está un cubano que se identificó ante EFE como 'Alan' por temor a represalias, y su esposa, quien entró hace cuatro años por la frontera con México y recibió una I-220A. La pareja vive con miedo a la separación y a la deportación. "Es complicado porque uno se siente mal, se siente decepcionado, se siente frustrado y con mucho miedo, no solamente por todo lo que está pasando, sino una deportación, porque eso sería morir en vida", expresó Alan en una entrevista telefónica.

Alan, que entró hace cinco años y medio a Estados Unidos también por la frontera con México, se vio afectado por la pausa de trámites migratorios para Cuba ordenada por la Administración Trump. Por eso calificó la audiencia como una "bendición". El abogado Mark Prada, uno de los que lidera el caso, explicó a EFE que buscan convertirlo en una demanda de acción colectiva para beneficiar a todos los cubanos en situaciones similares. Según indicó, intentan certificar un colectivo nacional bajo distintas definiciones, según la manera en que fueron procesados en la frontera, y certificar cada grupo de forma independiente para argumentar esos casos.

La causa avanza en un contexto de suba de los arrestos migratorios de cubanos, según un análisis del Instituto Cato, de ideología conservadora: en el primer año de la presidencia de Trump aumentaron un 463 %, hasta 1.008 mensuales, mientras que las aprobaciones de 'green cards' para ese grupo se desplomaron del 99,8 % al 15 %. En paralelo, el Gobierno de Trump elevó la presión sobre La Habana con más sanciones y un cerco petrolero. Para Alan, "en Cuba no ha habido ningún cambio". "Si esa ley (del Ajuste Cubano) se viniera abajo, no ha habido ningún cambio. Yo entiendo que no ha habido ningún cambio satisfactorio. El día que haya un cambio en Cuba sería un cambio de régimen, totalmente fuera los Castro y que llegue la luz", opinó.

En la audiencia, el Gobierno pedirá desestimar la demanda, según el material informativo. Prada aclaró que le gustaría decir "que ganar esto va a proteger a todo el mundo de la deportación, pero es solamente para dar una herramienta que no han tenido hasta ahora para tratar de defender sus casos". "Hay muchas partes en toda esta pelea, pero estamos tratando de ganar el punto más preliminar", señaló, y agregó que después hay que aplicar a la residencia y ganar esa lucha, aunque consideró que lo mínimo es dar una oportunidad a estas personas.