Soledad Núñez hereda una Municipalidad de Asunción en crisis financiera, con obras inconclusas y exceso de funcionarios

El próximo 3 de noviembre, Soledad Núñez asumirá la Municipalidad de Asunción en medio de una situación financiera crítica. La intendenta electa recibirá de la administración colorada una herencia marcada por el déficit, obras inconclusas, calles deterioradas y una plantilla de funcionarios sobredimensionada.

El principal obstáculo es el balance en rojo. La deuda de la Comuna supera los G. 1,6 billones y se extenderá hasta 2035, es decir, más allá del mandato de Núñez. El monto corresponde a la suma de las emisiones de los bonos G5, G6, G7, G8 y G9, con los intereses a largo plazo y los intereses vencidos. Para avanzar con su plan de gobierno, la nueva jefa comunal necesita negociar con la ANR, que mantendrá la mayoría en la Junta Municipal. Tras la derrota del candidato colorado Camilo Pérez, legisladores de ese partido afirmaron que igualmente acompañarán una Ley de Capitalidad para socorrer económicamente a la Municipalidad. En contrapartida, Núñez anunció un paquete legislativo impulsado por la oposición que la ayudará en su gestión.

El peso de la herencia se remonta a la gestión del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez, quien dejó el cargo en agosto de 2025 en medio de fuertes cuestionamientos sobre el destino de G. 512.000 millones que en su mayoría debían ser destinados a obras de desagüe. La Fiscalía registró poco avance para esclarecer el uso de esos fondos, pese a que la Contraloría había recomendado investigar. Entre las obras inconclusas o con lento avance figuran el desagüe pluvial del barrio San Pablo, las obras de desagüe de General Santos y San Antonio del barrio Las Mercedes, y las del barrio Santo Domingo.

Luis Bello, quien asumió tras la renuncia de su correligionario y una intervención de por medio, tampoco se queda atrás en el desorden financiero. Hasta el 5 de junio, la Municipalidad cargaba con una deuda de más de G. 145.000 millones solamente en intereses vencidos de bonos. En el marco de un acuerdo con los bonistas, la Comuna pagó primero G. 50.941 millones y luego otros G. 22.448 millones, este último pago el 15 de setiembre, según un informe de la Caja de Valores del Paraguay. A ese cuadro se suman denuncias de recaudación irregular en varias dependencias: pedidos de coimas de la Policía Municipal de Tránsito, cobros por cursos que deben ser gratuitos y cánones informales en el Mercado 4.

En materia de personal, al momento de la intervención, en julio de 2025, la institución tenía 9.119 funcionarios, según lo señalado por el ex interventor Carlos Pereira. Bello informó a la intendenta electa una cifra de 8.500 empleados, pero persiste la superpoblación. Núñez deberá investigar la existencia o no de los llamados planilleros. La intendenta electa advirtió que será implacable con quienes se estén aprovechando del dinero municipal y prefirió no adelantar las medidas que tomará, aunque recordó que cuando se desempeñó como ministra de Vivienda y Hábitat ya había hecho frente a este problema. En ese sentido, señaló que cobrar sin asistir al trabajo es causal de despido, por lo que la Comuna no necesita pagar indemnizaciones en ese tipo de desvinculaciones justificadas.

Otro frente abierto es el contrato colectivo que los funcionarios presionaron para aprobar en la semana previa a las elecciones, y que contempla un aumento de remuneraciones y el pago de seguro médico privado. Aunque la nueva intendenta reconoce las reivindicaciones, observa con cuidado el contexto de crisis en el que se da. Concejales opositores mencionaron que el contrato tendría un impacto de G. 38.000 millones anuales, mientras que un sector sindical asegura que el monto es inferior y amenaza con una huelga. Prácticamente al asumir, Núñez deberá hacer frente al pago del aguinaldo a una nómina sobrecargada: el año pasado esa obligación implicó una deuda de unos G. 50.000 millones, pero esta vez Bello le aseguró que hay recursos en caja hasta fin de año. A ello se suma el problema de los funcionarios que no pueden jubilarse; según Bello, la Municipalidad transfirió más de G. 58.000 millones y pagó G. 16.500 millones en obligaciones previsionales.

La denuncia conocida como “mafia del asfalto”, sobre el supuesto desvío de toneladas de material para predios privados, derivó en una intervención en la Dirección de Vialidad que reveló 54 cámaras inactivas, falta de GPS en los camiones, problemas de seguridad y variaciones de más de 1.000 litros en el uso del combustible. El desorden financiero deja poco espacio para mejorar calles y desagües en la capital, demandas urgentes de una ciudadanía que vive en zozobra con cada lluvia.