Senado analiza elevar penas por abigeato y la ARP pide que el hecho sea considerado crimen

El Senado analiza el proyecto de ley que modifica el Art. 163 del Código Penal para elevar las penas por abigeato, luego de que la iniciativa obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. La propuesta prevé penas de dos a diez años de prisión en los casos básicos y de tres a quince años cuando existan circunstancias agravantes. El presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Miguel Doldán, expuso la posición del gremio ante la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, que lo convocó para conocer su parecer sobre la modificación.

Doldán sostuvo que la legislación actual no permite frenar el abigeato y planteó que el hecho sea considerado crimen y no delito, de manera de no limitar la posibilidad de excarcelación. Como respaldo, mencionó los registros que el gremio venía presentando en reuniones anteriores. "En reuniones pasadas mostrábamos los números que disponíamos desde la Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Tránsito de Ganado (Colcat) y la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (Conalcart) y el abigeato no estaba disminuyendo, sino que inclusive estaba aumentando", afirmó.

El dirigente señaló que el problema también afecta a los pequeños productores, quienes muchas veces no denuncian el robo de animales debido a la burocracia que implica el proceso. Citó datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) según los cuales el 71% de los 136.000 ganaderos registrados tiene menos de 50 cabezas. Los casos que involucran a estos productores no aparecen en el registro del gremio cuando no se realiza la denuncia.

En cuanto al transporte, Doldán comentó que el proyecto contempla a los transportistas dentro de las circunstancias agravantes cuando participen en el traslado de ganado robado. Explicó que la medida genera preocupación entre quienes realizan esa tarea de "buena fe", por lo que se plantean mecanismos que permitan demostrar que desconocían el origen ilícito de la carga. "Ellos lo que manifestaron, y con lo cual yo estoy de acuerdo, es ver la forma de cómo el transportista, ya sea el chofer o el dueño del camión, pueda demostrar que cuando transportan la carga lo hacen de buena fe", precisó. Añadió que existen casos en los que los trabajadores reciben una carga sin conocer su procedencia y terminan involucrados en una investigación, y detalló que muchos no revisan las marcas de lo que suben a sus camiones y luego tienen problemas en el puesto de Colcat.

El ruralista consideró que el cambio en el marco penal también permitirá fortalecer la actuación de la Policía, el Ministerio Público y los jueces. "Por eso es que en el Congreso se tiene que modificar esto (la ley) para que después la Fiscalía pueda actuar bien y los jueces implementen la condena necesaria", manifestó.

Sobre el perjuicio económico, Doldán subrayó que no existen datos que permitan dimensionar todo el impacto del delito, principalmente porque modalidades como el robo de pocas cabezas no siempre son denunciadas. Advirtió además que el daño trasciende al productor, ya que cuando se roba una tropa y se adulteran documentos también puede existir evasión de impuestos y riesgos sanitarios.