Senado analiza elevar las penas por abigeato con la ARP como interlocutor

El Senado analiza el proyecto de ley que modifica el Art. 163 del Código Penal para elevar las penas por abigeato, luego de que la Cámara de Diputados le otorgara media sanción. La iniciativa establece penas de dos a diez años de prisión en los casos básicos y de tres a quince años cuando existan circunstancias agravantes, según el texto en estudio.

El presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Miguel Doldán, informó que el gremio fue convocado por la Comisión de Legislación de la Cámara Alta para exponer su posición sobre la modificación. El dirigente sostuvo que la legislación vigente no permite frenar el abigeato y planteó que el hecho sea considerado crimen y no delito, de modo de no limitar la posibilidad de excarcelación.

"En reuniones pasadas mostrábamos los números que disponíamos desde la Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Tránsito de Ganado (Colcat) y la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (Conalcart) y el abigeato no estaba disminuyendo, sino que inclusive estaba aumentando", afirmó Doldán. Agregó que la problemática también afecta a pequeños productores, que en muchos casos no denuncian el robo de animales por la burocracia que implica el proceso. Citó datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) según los cuales el 71% de los 136.000 ganaderos registrados tiene menos de 50 cabezas, y señaló que los casos que afectan a los pequeños productores no aparecen en el registro del gremio porque no se realiza la denuncia.

El proyecto contempla además a los transportistas entre las circunstancias agravantes cuando participen en el traslado de ganado robado, explicó el dirigente. Indicó que la medida genera preocupación entre quienes realizan el transporte de animales de "buena fe", por lo que se plantean mecanismos que permitan demostrar que desconocían el origen ilícito de la carga. "Ellos lo que manifestaron, y con lo cual yo estoy de acuerdo, es ver la forma de cómo el transportista, ya sea el chofer o el dueño del camión, pueda demostrar que cuando transportan la carga lo hacen de buena fe", precisó. Indicó que existen casos de trabajadores que reciben una carga sin conocer su procedencia y terminan involucrados en una investigación, y que muchos ni miran las marcas de lo que suben a sus camiones antes de ser detenidos en el puesto de Colcat.

Doldán consideró que el cambio en el marco penal también permitirá fortalecer la actuación de la Policía, el Ministerio Público y de los jueces. "Por eso es que en el Congreso se tiene que modificar esto (la ley) para que después la Fiscalía pueda actuar bien y los jueces implementen la condena necesaria", manifestó.

En cuanto al perjuicio económico, el dirigente subrayó que no existen datos que permitan dimensionar todo el impacto del delito, principalmente porque modalidades como el robo de pocas cabezas no siempre son denunciadas. Advirtió que el perjuicio trasciende al productor, ya que cuando se roba una tropa y se adulteran documentos también puede existir evasión de impuestos y riesgos sanitarios.