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Política
13 de octubre de 2026 · 12:12 a. m.· Con información de ABC Color
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Riera cuestiona el escaso uso de tobilleras electrónicas y apunta a las decisiones judiciales

El ministro del Interior afirmó que solo 50 de las 1.000 tobilleras disponibles están en funcionamiento y sostuvo que las resoluciones judiciales condicionan la prevención de nuevos hechos de violencia.

Tobilleras electrónicas guardadas sin uso, símbolo del cuestionamiento al sistema judicial.. Ilustración generada por inteligencia artificial, no es una fotografía de los hechos

El ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, cuestionó este lunes la escasa utilización de las tobilleras electrónicas destinadas al control de personas denunciadas o procesadas por hechos de violencia. Lo hizo durante su discurso en la inauguración del Centro de Seguridad y Emergencias 911 en Pilar, en el marco de los festejos por los 247 años de fundación de la ciudad. Según el secretario de Estado, las decisiones judiciales sobre las medidas restrictivas resultan determinantes para prevenir nuevos casos.

Riera detalló que el Ministerio del Interior dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, pero que desde la implementación del mecanismo el máximo utilizado llegó a 200 unidades. Al momento de su intervención, señaló, apenas 50 dispositivos estaban en funcionamiento. Explicó que el sistema permite monitorear las 24 horas la ubicación de las personas que portan los dispositivos y alertar a las autoridades cuando se incumplen las restricciones fijadas judicialmente, además de registrar desplazamientos y generar avisos cuando el portador traspasa el perímetro de exclusión determinado por un juez. Ante una eventual transgresión, indicó, la Policía puede intervenir para controlar al infractor y proteger a la víctima.

“Tenemos monitoreado al que tiene la tobillera 24/7/365. Nosotros sabemos exactamente dónde está porque manda una señal”, manifestó el ministro al explicar el funcionamiento del mecanismo. Como ejemplo mencionó el caso ocurrido en la zona de Eusebio Ayala, en el departamento de Cordillera, donde una mujer murió y otra resultó gravemente herida. Según su relato, uno de los involucrados llevaba una tobillera electrónica, pero la resolución judicial le otorgaba libertad ambulatoria, por lo que el dispositivo no imponía las restricciones que, a su criterio, habrían permitido una intervención preventiva más eficaz. Añadió que el sistema registró la presencia del portador en un lugar que este habría negado haber visitado.

Riera también se refirió al feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), ocurrido en Lambaré. Cuestionó que no se haya dispuesto el uso de una tobillera electrónica para su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira (26), como medida de control, en lugar de limitarse a una restricción de acercamiento. El ministro aclaró que su intención no es promover un enfrentamiento entre instituciones, sino insistir en la necesidad de coordinar acciones entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. “La gente está harta de excusas, quiere soluciones”, expresó.

El secretario de Estado explicó que, cuando un juez dispone prisión domiciliaria u otra restricción territorial, el sistema puede establecer un perímetro digital y emitir una alarma si la persona lo abandona o incumple las condiciones impuestas. Sostuvo que la respuesta policial debe orientarse tanto a controlar al infractor como a resguardar a la víctima y a sus familiares. Reconoció que los dispositivos pueden ser retirados o manipulados, pero afirmó que el monitoreo permite registrar movimientos y generar información útil para las investigaciones.

Por último, destacó que la adquisición e implementación de las tobilleras requirió un proceso administrativo y de coordinación interinstitucional, y recordó que durante años la aplicación de la ley permaneció pendiente por la falta de reglamentación y de acuerdos sobre qué organismo debía asumir la responsabilidad operativa. Instó a fortalecer la difusión del sistema y a promover la intervención ciudadana ante posibles situaciones de violencia, y mencionó la colaboración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para divulgar mensajes preventivos a través de radios del interior del país.

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