Paraguay atrae inversiones con la maquila, pero enfrenta brechas en infraestructura, educación y recaudación

Paraguay consolidó su posición como destino de inversiones tras la crisis financiera de 2003, cuando sus autoridades reforzaron la disciplina fiscal, fortalecieron el Banco Central y contuvieron la inflación. Ese proceso derivó en que las calificadoras de riesgo otorgaran a la deuda soberana paraguaya la categoría de grado de inversión, un reconocimiento que solo seis países de América Latina poseen.

En los últimos años el Gobierno intentó posicionar al país como centro manufacturero orientado a la exportación. Para ello simplificó trámites y amplió el régimen de maquila, que permite importar insumos sin aranceles y pagar una tasa del 1% sobre el valor agregado. Como resultado, las exportaciones de autopartes, confecciones textiles y prendas de vestir fueron 25% superiores en 2025 respecto a 2019, lo que acompañó un crecimiento del PIB de 6,6%. El dinamismo provino sobre todo de empresas locales que ampliaron operaciones y de inversiones de países vecinos: fabricantes de Brasil y Argentina, afectados por mayores cargas impositivas y regulaciones en sus mercados, trasladaron parte de su producción a Paraguay.

Pese a ese desempeño, la meta oficial de superar a Chile y Uruguay en ingreso per cápita sigue lejana. Uno de cada cinco paraguayos vive bajo la línea de pobreza y la economía mantiene una fuerte dependencia del sector primario: los alimentos concentran casi el 70% de las exportaciones, mientras que la maquila representa apenas 2,5% del PIB y se concentra en bienes de bajo valor agregado.

Impulsar un crecimiento más complejo exige una fuerza laboral mejor capacitada, pero el gasto público en educación equivale al 3,5% del PIB, uno de los niveles más bajos de la región. La infraestructura aparece como otra restricción severa: solo el 16% de las carreteras está pavimentado, lo que hace que el transporte terrestre concentre cerca del 26% de los costos de exportación. A esto se suma que el aeropuerto de Asunción tiene dificultades para absorber el aumento del tráfico y que, por su condición mediterránea, el país depende de la vía navegable Paraná-Paraguay, de 3.400 kilómetros, donde las sequías entorpecen la navegación en varios tramos. El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que hacia 2030 Paraguay necesitará unos 10.000 millones de dólares para modernizar carreteras, aeropuertos y transporte urbano. Aunque dispone de abundante energía hidroeléctrica de bajo costo, la red eléctrica sufre cortes frecuentes.

Afrontar esas inversiones requiere recursos públicos, pero el margen fiscal es acotado. La recaudación tributaria representa solo el 16% del PIB, frente al 22% promedio de América Latina y el 34% de la OCDE, en un contexto de amplia economía informal. Elevar impuestos resulta políticamente complejo por la baja confianza en el Estado y por el riesgo de debilitar el principal atractivo para los inversores: los bajos costos y la regulación liviana.

El grado de inversión facilita el acceso a crédito externo en condiciones favorables, pero atraer capital privado hacia la infraestructura exige fortalecer las instituciones. El país ocupa el puesto 150 entre 182 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y combatir la cultura de sobornos se presenta como un reto más difícil que reducir la burocracia, aunque indispensable para sostener el crecimiento.