OCDE advierte problemas estructurales de cobertura y financiamiento en la protección social de Paraguay

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el 29 de septiembre pasado el documento "Financing Social Protection in Paraguay. The Role of General Revenues and Social Security Contributions", un estudio sobre la situación actual y los desafíos del financiamiento de la protección social en el país.

Según el informe, Paraguay ha sentado las bases de un sistema de protección social, pero enfrenta problemas estructurales: cobertura limitada, niveles de prestaciones insuficientes y segmentación. El sistema aparece fracturado entre un pilar contributivo de baja cobertura y un pilar no contributivo de cobertura residual y baja calidad, sin vías de comunicación entre ambos.

En el ámbito contributivo, el hallazgo más crítico es la escasa densidad de cotización asociada a la alta informalidad laboral. Alrededor de tres cuartas partes de la fuerza de trabajo no cotizan al sistema de seguridad social y solo la mitad de los asalariados del sector privado cumple con sus aportes obligatorios. Los trabajadores independientes, que constituyen cerca de un tercio del empleo total, no están sujetos a cotización obligatoria y su afiliación voluntaria es prácticamente nula. Como consecuencia, únicamente el 27% de la población cuenta con seguro de salud y solo el 14% de las personas de 65 años o más percibe una pensión contributiva.

Esa limitada cobertura compromete la sostenibilidad financiera de las instituciones de seguridad social. Los esquemas de pensiones del IPS y la Caja Fiscal acumulan déficits persistentes, y la Caja Fiscal registra un importante déficit financiado mediante ingresos tributarios. El documento suma desincentivos de diseño: el salario mínimo legal funciona como piso imponible obligatorio, lo que impone una carga sobre trabajadores de bajos ingresos y cuentapropistas, mientras que la rigidez de exigir un mínimo de 15 años de cotización desestimula la permanencia en el sistema formal.

En el pilar no contributivo, aunque programas como Hambre Cero y la pensión alimentaria para personas mayores se expandieron de manera importante, persisten las brechas: el programa de transferencias condicionadas Tekoporã no está universalizado ni siquiera en los hogares en situación de pobreza.

El desafío transversal, indica el estudio, es la incapacidad de movilizar suficientes ingresos fiscales. La presión tributaria de Paraguay, incluyendo contribuciones sociales, se ubicó en un 14,5% del PIB en 2023, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (21,3%). La estructura impositiva depende de impuestos indirectos y mantiene una base muy estrecha en el impuesto a la renta personal, con excesivas deducciones. El informe reconoce que la digitalización y la fusión de las administraciones de tributos y aduanas fortalecen la gestión, pero sostiene que la expansión de la protección social requerirá reformas de fondo, centradas en ampliar la base imponible, mejorar la eficiencia del sistema y dar progresividad a las recaudaciones.