Minna defiende su presupuesto ante la Bicameral: bajos salarios, el futuro de las Codeni y pedidos de internados para niños indígenas

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) presentó su proyecto de presupuesto ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), donde el ministro Walter Gutiérrez informó que la cartera cuenta con 1.040 funcionarios y que aproximadamente el 25% de ellos percibe menos de G. 3,5 millones mensuales. Dentro de ese grupo, el 70% es profesional. Durante la defensa presupuestaria, los legisladores reclamaron recursos para el personal y garantías para sostener los servicios de atención infantil.

La senadora Esperanza Martínez preguntó por las remuneraciones de los profesionales y por la cantidad de trabajadores que requieren los 15 programas del ministerio. Cuestionó que la construcción de edificios avance sin una mejora suficiente en las condiciones del personal. “Son fantásticos para construir todo eso, pero se olvidan de la gente, se olvidan de los profesionales”, expresó. Gutiérrez señaló que 104 funcionarios ya accedieron a mejoras salariales mediante concursos y promociones, y explicó que el proceso requiere recursos y que los ascensos deben pasar por concurso.

Sobre las obras, el ministro indicó que la inversión financiada con recursos de la Itaipú ronda los US$ 50 millones para construir aproximadamente los primeros 60 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi). Ese monto también contempla equipamiento y la compra de buses con sus equipos. Según su exposición, el financiamiento de las binacionales cubre esa inversión inicial, mientras el Minna debe incorporar a su presupuesto los recursos para el funcionamiento de los centros de acuerdo con las habilitaciones. Martínez pidió precisar cuánto costará sostener los servicios cuando termine el aporte para las obras, incluyendo mantenimiento y alimentación. Gutiérrez afirmó que el presupuesto incorpora de forma progresiva los recursos para contratar personal y cubrir gastos operativos, y mencionó un proceso de incorporación de más de 730 profesionales para los primeros 50 centros.

La senadora Celeste Amarilla planteó a la cartera de la Niñez la creación de internados para niños indígenas, donde permanezcan desde el preescolar hasta concluir la educación media y luego accedan a la universidad. Cuestionó las políticas del Gobierno y de las organizaciones no gubernamentales dirigidas a los pueblos originarios, al sostener que perpetúan sus condiciones de precariedad. “Una especie de internado, no digo en Asunción, en cualquier lugar, donde le metamos a todos esos niños y que salgan como nosotros”, expresó. Amarilla sostuvo que adoptar el estilo de vida de la población no indígena no implicaría perder la identidad ni abandonar las costumbres de sus comunidades, afirmó que la mendicidad y los abusos no son parte de la cultura indígena y pidió al ministro impulsar un proyecto piloto, para el cual ofreció apoyo. “Que pasen a ser como nuestros hijos. Y para eso tenemos que cambiar probablemente una generación entera”, manifestó.

La diputada Dalia Estigarribia cuestionó las condiciones de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni). Señaló que algunas oficinas carecen de personal preparado y de recursos básicos para atender los casos. “No tienen ni para atender sus teléfonos, no tienen ni saldo, con un sueldo paupérrimo”, expresó. Gutiérrez anunció una campaña por departamentos con los nuevos intendentes para explicar las responsabilidades municipales en la protección de la niñez y planteó que las Codeni pasen a depender del Minna. Según explicó, el ministerio actualmente cumple tareas de apoyo y supervisión, pero no designa directamente al personal de esas oficinas.

La senadora Blanca Ovelar advirtió sobre las interrupciones del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), que entrega leche enriquecida a niños y madres. Según señaló, el programa debería atender a aproximadamente 200.000 niños, pero los recursos alcanzan para unos 50.000. Advirtió que alrededor de 40.000 niños nacen cada año en hogares en extrema pobreza en Paraguay y que, sin una intervención estatal, solo el 2%, equivalente a 800, terminaría la secundaria. Solicitó una mayor coordinación entre el Minna y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs). Gutiérrez respondió que la estrategia de primera infancia busca conectar los servicios que ya ofrece el Estado, citó el acceso a controles prenatales y la atención nutricional como parte de esa tarea, y afirmó que el ministerio está atento a la aplicación del PANI sin interrupciones. No precisó cuánto dinero adicional necesita el programa para cubrir la demanda expuesta.

El diputado Raúl Benítez pidió una postura sobre las uniones tempranas, los criadazgos, los embarazos adolescentes y la educación sexual. Gutiérrez afirmó que el Ejecutivo apoya eliminar la excepción que permite el matrimonio adolescente. “No son elevados los números”, sostuvo el ministro, quien estimó aproximadamente 150 matrimonios de ese tipo por año y aclaró que la cifra corresponde a matrimonios y no debe confundirse con los datos de uniones tempranas. Sobre el embarazo adolescente dijo que las cifras oficiales están decreciendo, al igual que las violaciones sexuales en infantes: según datos del Ministerio Público, en 2022 se investigaron 3.814 denuncias de abuso sexual; en 2023, 3.564; en 2024, 3.551; y en 2025, 3.408 casos, mientras que entre enero y abril de 2026 ya se abrieron 1.039 causas. En cuanto a la educación sexual, atribuyó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la responsabilidad de aplicar el programa denominado Educación basada en la afectividad y sexualidad. Sobre los niños separados de sus padres por orden judicial, explicó que el ministerio dispone de un rubro para apoyar económicamente a las familias que asumen su cuidado, con un monto que depende de una tabla de indicadores en la que influyen las necesidades de salud del niño y la cantidad de hermanos bajo cuidado. Para la acreditación como familia acogedora citó una edad de entre 25 y 65 años, una evaluación psicosocial, controles de antecedentes y la exclusión de personas que figuren en los registros de agresores sexuales o de deudores alimentarios morosos, con seguimiento mientras esté vigente la medida judicial. En las adopciones, indicó que el control se extiende por tres años después de su concreción.