Mantener sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria es clave, según editorial
El gobierno de Santiago Peña se enfoca en reducir el déficit fiscal al 1,5% del PIB y combatir la informalidad para garantizar ingresos estatales.

La sostenibilidad fiscal se relaciona directamente con el Presupuesto General de la Nación, donde los gastos rígidos y las deudas impactan en el equilibrio entre ingresos y gastos públicos. La estabilidad monetaria, lograda por el gobierno actual, mantiene la inflación en un dígito sin sobresaltos.
El país cuenta con una legislación establecida en 2013, la Ley de Responsabilidad Fiscal, complementaria a la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado, que no requiere reforma sino cumplimiento estricto. Esta normativa establece reglas institucionales para garantizar el equilibrio financiero público.
El déficit máximo permitido es del 1,5% del PIB, lo que ofrece certidumbre a los mercados para atraer inversiones nacionales y extranjeras. El gobierno del presidente Santiago Peña ha enfocado su gestión en reducir el déficit, que en el gobierno anterior alcanzó el 6% del PIB, regresando a los niveles estipulados por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El gobierno actual enfrenta desafíos tanto internos como externos. Internamente, se deben a deudas contraídas con vialeras y farmacéuticas durante el período anterior, sumado a una caída inusitada en la cotización del dólar, que afecta la recaudación por la venta de commodities agropecuarios en mercados internacionales.
La caída del dólar se atribuye a factores internacionales, como dos guerras que afectan al dólar norteamericano, junto con una alta demanda de dólares en Paraguay por personas que traen dicha moneda, lo que provoca una apreciación del guaraní, actualmente a seis mil guaraníes por dólar.
El impacto en la recaudación se debe a que los ingresos por exportación de productos agropecuarios disminuyen cuando el dólar se devalúa. El gobierno ha respondido con reformas para formalizar las mipymes y controlar la evasión tributaria mediante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
La informalidad en Paraguay, estimada en un 30% de la economía, afecta los ingresos estatales al evitar que empleadores, trabajadores y comercios contribuyan al erario. Esta situación es común en toda Latinoamérica.
Mediante la legislación impulsada por el Ejecutivo y mejorados controles, la informalidad se está reduciendo, lo que ha generado un aumento en las recaudaciones en los últimos tres años sin necesidad de incrementar tributos directos o indirectos.
El presidente Santiago Peña ha destacado la importancia de fortalecer la formalidad, contener el gasto corriente y fomentar el crecimiento económico sin elevar impuestos, asegurando así la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria.
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