Lovera pide no ceder ante el pedido de aumento del 76% de los médicos

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, pidió no ceder ante el reclamo de los médicos, que solicitan un aumento salarial del 76%. Según el secretario de Estado, conceder ese pedido implicaría una carga muy pesada para el fisco y, además, abriría la puerta a que otros sectores presenten exigencias similares.

Lovera sostuvo que la intensificación de este tipo de presiones sectoriales es característica del "famoso tercer año", cuando se reinicia el proceso político-electoral con las elecciones municipales, seguidas por las internas para la Presidencia y el Congreso. Advirtió que el reclamo de los médicos se produce durante el tratamiento del Presupuesto 2027 y que, si se acepta, se abriría "un grifo sin control". Como ejemplo del efecto contagio, mencionó que los docentes ya adelantaron que preparan movilizaciones y huelgas por un reajuste general del 8%.

El ministro recordó como antecedente el Presupuesto 2012, tratado en las cámaras durante el tercer año de gobierno de Fernando Lugo, cuando se aprobó un aumento salarial general de más del 30%. Señaló que a partir de entonces se perdió el superávit fiscal, con un costo permanente de 800 millones de dólares anuales, además de los montos que se fueron agregando después. Indicó que el gasto en servicios personales pasó del 46% al 86% del total de las recaudaciones tributarias.

En paralelo, congresistas, incluidos referentes del ala más dura del oficialismo, piden al Gobierno "cortar la grasa" para redirigir fondos a Salud Pública. El material de ABC Color recuerda que esos mismos sectores rechazaron tiempo atrás la posibilidad de aplicar una economía de guerra y que no se conoce que hayan colaborado con la racionalización del gasto público.

El texto señala que Santiago Peña, quien por Constitución ejerce personalmente el Poder Ejecutivo y la administración del Estado, inició su gobierno solicitando y obteniendo una reprogramación del cronograma de convergencia del déficit fiscal. Justificó el pedido alegando que su antecesor había maquillado la contabilidad estatal al no considerar deudas impagas con proveedores y contratistas por 600 millones de dólares. Se le autorizó una emisión adicional de bonos del Tesoro con la promesa de retornar al tope del 1,5% del PIB previsto en la ley de responsabilidad fiscal en 2026; según el análisis, no solo no se cumplió, sino que las deudas vencidas pasaron de 600 a 1.300 millones de dólares.

La publicación añade que el Gobierno prometió un programa de reformas estructurales para racionalizar el gasto corriente, con la fusión de entes, la reducción de la corrupción en las contrataciones públicas y la institución de la carrera del servicio civil, con escalafones, ingreso por méritos y apartamiento de funcionarios de bajo desempeño. No obstante, sostiene que solo se aprobaron leyes "light" sin efectos palpables y que el costo de la burocracia estatal no disminuyó, ni en términos absolutos ni relativos, pese a condiciones que describe como inmejorables: crecimiento económico sostenido, récord de recaudaciones, fondos extras de Itaipú por diferencia tarifaria y ausencia de grandes emergencias nacionales.

El Presupuesto 2027 es el mayor de la historia, con 25.751 millones de dólares, un 11% superior al vigente y más del triple de la inflación, sin contar lo que se agregue en el Congreso. El déficit nominal proyectado es del 3,9% del PIB, cifra que el material también pone en duda porque se estimó un tipo de cambio de 6.458 guaraníes por dólar que muchos consideran irreal. El análisis concluye que el mandatario desaprovechó un tiempo precioso en detrimento del país, al sostener que estuvo mal asesorado o no quiso escuchar.