Legisladores cuestionan diferencias salariales docentes y la expansión de carreras universitarias

Senadores y diputados cuestionaron las diferencias salariales entre docentes de las universidades públicas del interior y los de Asunción durante el análisis del presupuesto de esas instituciones ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP). En la sesión del jueves último, los parlamentarios también plantearon revisar la apertura de nuevas carreras y el uso de hospitales públicos por parte de universidades privadas.

El senador Silvio Ovelar presentó un cuadro comparativo con las remuneraciones de profesores titulares, adjuntos y asistentes de distintas universidades nacionales, que evidenció amplias diferencias dentro de una misma categoría académica. Según los datos que expuso, en la Universidad Nacional del Este (UNE) algunos profesores titulares perciben G. 2.320.900, mientras otros de la misma categoría reciben G. 1.600.000. En la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la asignación mencionada para titulares fue de G. 2.630.000. Entre los asistentes, citó G. 1.999.299 en la UNA y G. 1.196.000 en la UNE. En la Universidad Nacional de Itapúa señaló salarios para titulares que van de G. 1.020.558 a G. 2.549.200, y en la Universidad Nacional de Villarrica mencionó titulares con G. 992.200.

"Quedamos en deuda con los docentes universitarios", reconoció Ovelar, quien sostuvo que las mejoras salariales aplicadas a la educación escolar no tuvieron el mismo alcance en el ámbito universitario. Recordó que un docente de Educación Escolar Básica percibía G. 1.780.000 por turno en 2017 y que actualmente recibe G. 4.200.000. Su propuesta consiste en avanzar hacia la nivelación de las remuneraciones universitarias y reducir las diferencias entre instituciones y categorías.

La senadora Esperanza Martínez respaldó el reclamo de mejores remuneraciones, pero pidió revisar también las diferencias dentro de las propias universidades. Mencionó que en la Facultad de Medicina de la UNA hay profesores con remuneraciones de G. 40 millones, mientras otros docentes perciben ingresos considerablemente inferiores. "Este tema de los honorarios de los docentes es humillante", expresó, y cuestionó la distribución de responsabilidades entre jefes de cátedra y ayudantes, especialmente cuando los segundos asumen parte de las clases que corresponden a los titulares. La legisladora mencionó un proyecto de ley que plantea suspender por dos años la apertura de nuevas facultades y carreras, y afirmó que antes de crear más ofertas académicas corresponde fortalecer las instituciones existentes. "No tiene sentido volver a abrir una filial en Curuguaty, en Puente Kyha, en Puerto Murtinho, en donde sea, cuando los que tienen no están alcanzando los niveles", manifestó, y propuso analizar alternativas como becas y residencias universitarias.

El diputado César Segovia recordó que docentes de la Universidad Nacional de Itapúa percibían G. 600.000 mensuales, de acuerdo con reclamos que recibió en años anteriores, y consideró que la distribución de incrementos iguales para todas las universidades no necesariamente responde a sus distintas necesidades. El senador Ignacio Iramain cuestionó la expansión de facultades de Medicina y sostuvo que el sistema universitario necesita una reorganización. Comparó el modelo paraguayo con el de Uruguay, donde la Universidad de la República cuenta con un presupuesto anual superior a US$ 700 millones, de los cuales US$ 112 millones corresponden al Hospital de Clínicas. Consideró que la existencia de carreras similares en una misma zona puede elevar los costos administrativos y reducir los recursos disponibles para mejorar los salarios. Iramain sostuvo que el estudio del presupuesto debería incorporar información más detallada sobre los gastos realizados y las metas alcanzadas por cada institución. "Acá lo único que se viene a hacer es saber el incremento vegetativo que puede tener el presupuesto anualmente sin ninguna presentación de un presupuesto por resultados", cuestionó, y pidió revisar la organización de la educación superior y evaluar la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

La utilización de hospitales públicos para la formación de estudiantes de universidades privadas también fue debatida, luego de que el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Pedro Gerardo González, pidiera dar prioridad a los estudiantes de universidades públicas en los espacios de práctica del sistema estatal de salud. La senadora Celeste Amarilla cuestionó que instituciones privadas que cobran cuotas a sus estudiantes usen hospitales financiados con recursos públicos. "Que hagan convenio con hospitales privados. A mí no me parece justo que usen la institución pública", manifestó. Segovia también pidió revisar esa situación, especialmente en las carreras relacionadas con la salud, y el senador José Oviedo propuso instalar una mesa técnica con el Ministerio de Salud para analizar el acceso de los estudiantes universitarios a los hospitales públicos.

El financiamiento de la educación superior fue otro de los puntos abordados. El legislador Walter Kobylanski planteó que el Estado necesita mayores ingresos tributarios para mejorar los servicios educativos. "Con estos impuestos al 10% no vamos a lograr lo que usted dice, lamentablemente", sostuvo, y defendió la posibilidad de revisar gradualmente la carga tributaria, aunque reconoció que existen cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos.