Informe oficial: 69 comisarías de madera siguen operando y 168 sedes policiales necesitan reparación urgente

El Ministerio del Interior respondió el 16 de septiembre pasado a un pedido de informe de la Cámara de Diputados sobre las condiciones de las sedes policiales del país. Según los datos entregados, 69 comisarías construidas completamente de madera en el siglo pasado continúan en funcionamiento, mientras que otras 168 sedes edificadas con material cocido se encuentran en pésimas condiciones y requieren una reparación urgente.

El pedido había sido resuelto por la Cámara de Diputados el 4 de agosto. En aquella oportunidad, la institución solicitó al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional información sobre la cantidad de sedes policiales de madera que siguen operativas, así como datos de las dependencias construidas con ladrillo que necesitan reparaciones inmediatas, con la identificación de cada unidad y el municipio al que corresponde.

El informe fue firmado por el asesor jurídico de la Comandancia de la Policía, el comisario Blas Fleitas. Los datos sobre las sedes de madera fueron elaborados a partir de reportes de las direcciones de Prevención y Seguridad de Policía de Concepción, San Pedro, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones y Alto Paraná.

En el caso de las 168 sedes de material cocido en mal estado, el documento advierte que más de una pone en riesgo la integridad física de los agentes asignados a esas unidades. Los reportes sobre estas comisarías con estructura dañada corresponden a las direcciones de Prevención y Seguridad de Policía de Asunción, Central, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

La reacción de los diputados que derivó en el pedido de informe se produjo tras el ataque perpetrado contra el puesto policial número 4 de Colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, en la noche del martes 21 de julio. En el atentado fallecieron dos suboficiales de la unidad y un funcionario civil, y otros dos agentes resultaron heridos. Tras el tiroteo, los atacantes incendiaron la sede policial, que era de madera, y la redujeron a cenizas; las llamas también alcanzaron a los vehículos estacionados en el lugar, incluida la patrullera, y a los cuerpos de los fallecidos.

El Ministerio del Interior confirmó que los responsables del ataque fueron miembros de la organización criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En la zona también circuló entre los agentes y los lugareños una versión extraoficial que atribuía el hecho a una venganza de narcotraficantes: según ese relato, días antes los efectivos del puesto policial habrían interceptado una carga de cocaína en su jurisdicción y, al devolverla, habrían faltado 50 kilos de la mercadería.

El 21 de agosto pasado, el Ministerio del Interior informó a través de sus redes sociales la conclusión del monitoreo realizado a comisarías y subcomisarías de Concepción, pero hasta la fecha no ha socializado el resultado de ese trabajo.