González: las falencias institucionales explican por qué Paraguay sigue en BB+ con Fitch

El economista Wildo González afirmó que los problemas institucionales que Fitch Ratings señala en Paraguay persisten desde hace años y que, hasta ahora, hubo pocos esfuerzos concretos para corregirlos. En conversación con ABC Color, analizó el último reporte de la calificadora, que decidió mantener la nota soberana del país en BB+.

Según el analista, esas falencias no actuaron como una barrera directa para el crecimiento ni deberían alterar de manera significativa las proyecciones de mediano plazo de los organismos multilaterales. El efecto más claro, dijo, aparece en la nota crediticia. Explicó que en el modelo de Fitch tienen mucho peso los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, en los cuales Paraguay se encuentra en el percentil 39, y que el buen manejo macroeconómico mejora el resultado del modelo pero no alcanza para dar el siguiente paso. "Para llegar al grado de inversión, Fitch pide explícitamente mejoras sostenidas en gobernanza y en el control de la corrupción", afirmó González, quien consideró que la calidad institucional tendrá un peso mayor cuando el país alcance una etapa superior de desarrollo. También señaló que las falencias actuales pueden contribuir a que el crecimiento económico tenga más variaciones de las deseables.

El economista diferenció los problemas que enfrentan algunos grandes proyectos privados. En el caso de Paracel, atribuyó la incertidumbre principalmente a necesidades adicionales de capital en un escenario internacional de tasas altas: una tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años superior al 5% dificulta el acceso al financiamiento para proyectos que necesitan captar recursos. Distinto es, según González, el conflicto entre el Gobierno y Atome por el precio de la electricidad, donde identifica una falla institucional asociada a la organización del sector eléctrico y al rol de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). "La ANDE es el proveedor, y es complicado que sea al mismo tiempo proveedor y regulador", señaló, y advirtió que "si las reglas de precio o de regulación pueden cambiar en medio de un proyecto, el inversor exige más retorno o simplemente no invierte".

Sobre la acumulación de compromisos con proveedores por alrededor de US$ 1.300 millones y la nueva postergación de la convergencia fiscal, González distinguió dos problemas: el diseño de la regla fiscal y la gestión del gasto público. Sostuvo que la regla vigente sirvió para iniciar un sistema de límites fiscales, pero necesita una actualización acorde con la etapa actual de la economía paraguaya, y planteó excluir la inversión pública del cálculo, argumentando que el ajuste fiscal tuvo un fuerte efecto sobre esa inversión y puede perjudicar el crecimiento potencial de un país con una amplia brecha de infraestructura. También propuso observar experiencias internacionales y sumar instrumentos que hoy Paraguay no posee, entre ellos un consejo fiscal autónomo y, como posibilidad, un fondo soberano para disponer de recursos ante determinados shocks económicos. "Los atrasos con proveedores, cercano a US$ 1.300 millones (2% del PIB), corresponden a compromisos que el propio MEF no autorizó, y eso no se arregla cambiando la regla, sino con un mejor control de los compromisos de gasto", sostuvo.

En cuanto a la pérdida de credibilidad fiscal, dijo que tiene efectos concretos: tasas más altas para financiar el déficit, mayores dificultades para obtener el tercer grado de inversión y menor capacidad de respuesta ante un shock. Por ese motivo, consideró necesario cumplir la convergencia fiscal prevista para 2028. Para González, conseguir la tercera nota es positivo, aunque no constituye el factor que define la llegada de inversiones de largo plazo. "Con Moody's (Baa3) y S&P (BBB-) ya en grado de inversión, Paraguay cuenta como grado de inversión para muchos índices y mandatos de inversión que usan la calificación del medio. El tercer grado de inversión suma, pero el salto grande ya se dio", explicó.

A su criterio, la señal de mayor peso para un inversor internacional sería la concreción de reformas que Paraguay postergó en varias ocasiones. Entre ellas ubicó cambios adicionales en la Caja Fiscal y una reforma del Instituto de Previsión Social que permita construir un sistema de pensiones con mayor capacidad para incorporar a trabajadores que hoy tienen incentivos para permanecer en la informalidad. Mencionó además una reforma del sistema de salud, con integración entre el IPS y el Ministerio de Salud, y cambios en educación que eleven la disponibilidad de trabajadores con los conocimientos que requieren los nuevos proyectos de inversión.

Fitch Ratings prevé una moderación del crecimiento económico desde 4,5% en 2026 hacia tasas próximas al 4%. González considera comprensible ese escenario por las condiciones externas, entre ellas los altos precios de los combustibles, las tasas internacionales elevadas y las restricciones que afectan al comercio mundial. Sin embargo, observa un riesgo adicional dentro del país: el aumento de la incertidumbre asociada a las tensiones políticas internas. "Si no se resuelven de manera ordenada, pueden afectar fuertemente el desempeño de la economía, y en ese caso no descartaría un crecimiento por debajo de 4% en los próximos años, o incluso menor a 3%", concluyó.