Fitch ratifica a Paraguay en BB+ con perspectiva positiva y lo deja a un paso del grado de inversión

La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo crediticio de largo plazo de Paraguay en "BB+", con perspectiva positiva, según su más reciente informe. Con esta decisión, el país se mantiene a un solo peldaño del grado de inversión, que requiere alcanzar la nota "BBB-". Fitch es la única de las tres grandes agencias internacionales que todavía no le otorga esa categoría a Paraguay: Moody's lo califica en Baa3 y Standard & Poor's en BBB-.

El presidente de la República, Santiago Peña, celebró la ratificación a través de su cuenta en la red social X. "Es una señal de confianza en un Paraguay que crece, mantiene su estabilidad y fortalece sus fundamentos", escribió el mandatario, quien agregó que su Gobierno seguirá trabajando para consolidar un "Paraguay Gigante, confiable, competitivo y con cada vez más oportunidades para todos".

Entre los factores que sostienen la evaluación, el reporte destaca el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) del 6,6% en 2025, frente al 4,7% de 2024, el mayor ritmo de América Latina en ese periodo. Para 2026, la calificadora proyecta una expansión del 4,5%, con posibilidad de un mayor dinamismo si se concreta la cartera de inversiones prevista. La firma también señala como fortalezas el nivel de deuda pública, que cerró 2025 en 31,7% del PIB, muy por debajo de la mediana del grupo "BB" ubicada en 51,6%, y el nivel de reservas internacionales, junto con la mejora en la composición de la deuda. A esto se suma la apreciación del guaraní, que se revalorizó un 26% entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, y la dependencia de la hidroelectricidad, factores que ayudaron a contener la inflación en 1,5% en agosto.

En contrapartida, Fitch advierte que la calificación sigue limitada por debilidades institucionales de fondo, una baja recaudación tributaria y desafíos recurrentes en la gestión de las finanzas públicas. Uno de los señalamientos más duros apunta a la acumulación de atrasos de pago con proveedores por aproximadamente US$ 1.300 millones, equivalentes al 2% del PIB, correspondientes a compromisos con empresas farmacéuticas y constructoras que no contaban con la debida autorización del Ministerio de Economía. Esa deuda no reconocida obligó a las autoridades a extender nuevamente el plazo de convergencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal y a postergar la meta de déficit del 1,5% del PIB del año 2026 al 2028, con nuevas metas de 3,2% para 2026 y 3,9% para 2027. Para la agencia, la repetición de este esquema de impagos, sumado al antecedente de 2023 y a las desviaciones continuas de la regla fiscal desde 2019, erosionó seriamente la credibilidad de la política fiscal.

El análisis también se detiene en la reforma de la Caja Fiscal aprobada en marzo de 2026. Fitch advierte que los cambios paramétricos fundamentales fueron modificados y recortados tras el rechazo del Congreso y la presión social. Aunque las medidas aprobadas frenan parcialmente el deterioro financiero del sistema de pensiones del sector público, con un déficit proyectado del 1,2% del PIB para 2034 frente al 1,6% que se preveía sin cambios, el beneficio de corto plazo es limitado. La calificadora alerta además sobre riesgos al alza en el gasto por presiones salariales en el sector público y demandas sociales de cara al próximo ciclo electoral.

En el plano institucional, el informe menciona que los indicadores de gobernanza del Banco Mundial ubican a Paraguay en el percentil 39 del índice Worldwide Governance Indicators, una posición que refleja capacidad institucional débil, fragilidad en el Estado de derecho y un alto nivel de corrupción percibida. En su evaluación de factores sociales, ambientales y de gobernanza (ESG), Fitch aplicó la puntuación de relevancia, la categoría de mayor impacto negativo sobre el perfil crediticio, a Estabilidad Política y Derechos, así como a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Control de la Corrupción. Pese a estos cuestionamientos, la perspectiva positiva queda vinculada a la posibilidad de que el país mantenga un crecimiento elevado, avance en la diversificación económica y continúe con la consolidación fiscal, junto con la ejecución de grandes proyectos de inversión y el fortalecimiento de las instituciones y la gestión de las finanzas públicas.