Fiscalía pide G. 1,29 billones para el PGN 2027, unos US$ 72 millones más de lo previsto por el MEF

El Ministerio Público solicitó G. 1,29 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, equivalentes a cerca de US$ 199 millones calculados con el tipo de cambio de G. 6.458 por dólar proyectado en el PGN 2027. La propuesta supera en unos US$ 72 millones los US$ 127 millones contemplados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El reclamo fue presentado ayer lunes ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) por el fiscal general Emiliano Rolón.

Según expuso Rolón ante los legisladores, los recursos buscan atender necesidades que exceden el pago de salarios, con espacios adecuados para analizar pruebas y recibir a las víctimas. "Lo que hoy discutimos y desde hace unos años no es más que el presupuesto ordinario", expresó. La solicitud contempla servicios básicos y alquileres, obras en sedes regionales, tecnología especializada y capacitación. En materia salarial, mencionó la pérdida del poder de compra durante los últimos cinco años y pidió mejorar las partidas para secretarios fiscales y auxiliares.

El fiscal general afirmó que el 90% de los locales del Ministerio Público son alquilados y que muchos funcionan en edificios antiguos o en instalaciones que no fueron diseñadas para las tareas fiscales. "¿Cómo albergar tecnologías en esas edificaciones muy antiguas?", cuestionó ante la CBP. Indicó que la institución dispone de 38 predios recibidos mediante donaciones de gobernaciones y municipios, y propuso utilizarlos para construir sedes propias, con una expansión durante los próximos cinco o diez años. Para el norte mencionó Concepción o Pedro Juan Caballero; en el Chaco, Mariscal Estigarribia o Filadelfia.

Uno de los pedidos concretos es completar el edificio de once pisos que el Ministerio Público tiene en Encarnación, departamento de Itapúa, cuya recuperación fue posible después de unos diez años, según Rolón. Terminar la obra y prepararla para albergar tecnología requiere US$ 5 millones, y pidió apoyo para concluirla en 2027. Dijo que la sede podría atender necesidades de Alto Paraná, Itapúa y Misiones, e incluiría espacios para psicología y medicina forense, así como instalaciones para examinar pruebas.

La presentación estima una inversión única de G. 13.598 millones por cada cabecera departamental, que comprende una morgue y un depósito de evidencias, además de un laboratorio forense básico con equipamiento. El laboratorio representa G. 7.000 millones, a los que se suman G. 2.100 millones para máquinas y muebles. La morgue de 170 metros cuadrados requiere G. 1.360 millones y otros G. 408 millones para equipamiento, mientras que el depósito de evidencias de 300 metros cuadrados demanda G. 2.100 millones, más G. 630 millones para máquinas y muebles. A esa inversión inicial se agrega un gasto mensual de G. 470 millones para suministros generales.

Rolón indicó que la institución cuenta con unos 6.000 funcionarios y aproximadamente 350 fiscales, y estimó que para atender a una población de 7 millones de habitantes hacen falta al menos 700 fiscales. Explicó que la falta de personal limita la respuesta a las causas penales, ya que los agentes deben evaluar las pruebas y participar en las distintas etapas del proceso judicial. La presentación describe una unidad fiscal de siete integrantes: un agente fiscal con dos asistentes, acompañado por tres secretarios y un auxiliar, cuya infraestructura básica requiere G. 1.140 millones, con G. 600 millones para dos camionetas, G. 343 millones para equipos informáticos, G. 49 millones en espacios físicos y G. 150 millones en suministros generales.

El documento compara los recursos solicitados con los asignados entre 2023 y 2026 y estima que las diferencias acumuladas representan postergaciones por aproximadamente G. 1,3 billones. Identifica once áreas con necesidades urgentes de inversión, entre ellas la violencia familiar y la atención a niños y adolescentes, el crimen organizado transnacional, los delitos económicos y la lucha contra la corrupción, los delitos informáticos y la protección a denunciantes. El reclamo abarca oficinas propias y laboratorios forenses, centros de atención a víctimas, oficinas de denuncias penales, la morgue del Ministerio Público y la seguridad de los fiscales. Rolón sostuvo que los gastos destinados al funcionamiento cotidiano prácticamente no tuvieron cambios durante 8 a 10 años.