EE.UU. activa la revocación de visados por corrupción y narcotráfico y deja abierta la ampliación de su lista negra

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump puso en marcha una política de restricción y cancelación inmediata de visados para funcionarios públicos, magistrados y empresarios extranjeros. Según el comunicado oficial del portavoz del Departamento de Estado, Thomas "Tommy" Pigott, la medida alcanza a personas acusadas de socavar la gobernanza democrática, la seguridad y el Estado de derecho en el Hemisferio Occidental mediante actos de corrupción o nexos con el narcotráfico, y se aplica en el marco de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La revocación incluye también a los familiares directos de los implicados.

En esta primera tanda, Washington sancionó a más de una docena de autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre los afectados figuran el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, designado públicamente por corrupción, además de fiscales superiores, jueces anticorrupción y el exministro de Justicia boliviano Iván Lima. En Colombia la medida alcanzó a la senadora oficialista Martha Peralta Epieyú y al empresario Euclides Torres, mientras que en Perú fue afectado el juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos. El comunicado menciona además a senadores y jueces de Ecuador.

Las autoridades estadounidenses fundamentaron la decisión señalando que no tolerarán a funcionarios que soliciten o acepten sobornos para facilitar las operaciones del narcoterrorismo o para blindar a criminales violentos. El Departamento de Estado describió la restricción de visados como un "mecanismo duradero que permite actuar con rapidez a medida que se recaban pruebas", con lo que dejó abierta la posibilidad de ampliar las listas conforme avancen las investigaciones coordinadas entre agencias internacionales.

El anuncio forma parte de la concreción de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral, realizada en marzo pasado, y ratificados el 22 de septiembre en Nueva York durante el foro de jefes de Estado del bloque "Escudo de las Américas". Paraguay es socio fundador de esa iniciativa, a la que el presidente Santiago Peña adhirió para combatir el crimen organizado y los carteles transnacionales.

Aunque la declaración formal no incluyó nombres de ciudadanos paraguayos en esta nómina inicial, el país registra antecedentes de políticos, legisladores y exautoridades de primera línea que ya fueron declarados "significativamente corruptos" o sancionados financieramente por Washington en los últimos años, muchos de los cuales continúan ocupando espacios de poder en el Congreso y en el sistema judicial.