Defensor general cuestiona el abuso de la prisión preventiva y advierte por la alta reincidencia

El defensor general Javier Esquivel se refirió a la Asociación de Postpenados Nuevo Horizonte, una organización de la sociedad civil integrada por personas que salieron de la cárcel y que busca promover una reintegración laboral, social y comunitaria. Según los datos que expuso, en el país hay actualmente unas 20.500 personas privadas de libertad, en una relación de 70 procesados y 30 condenados.

Explicó que la reinserción social tiene dos componentes. El primero, el control de la etapa de cumplimiento de la pena, está a cargo del Ministerio de Justicia, que administra los centros penitenciarios, y de los jueces de Ejecución Penal, con beneficios como salidas transitorias, libertad condicional o compurgamiento. El segundo, el compromiso de la ciudadanía para recibir a quien egresa, no cuenta con una política pública estatal. Al respecto, señaló que muchos internos, al recuperar la libertad, ni siquiera son recibidos por sus familias.

El defensor calificó el nivel de reincidencia como "altísimo" y "terrible", y sostuvo que quien regresa sin dónde trabajar termina siendo mano de obra barata para el crimen organizado y el narcomenudeo. Indicó además que cada privado de libertad cuesta al Estado unos 6.500.000 de guaraníes al año, pagados con impuestos, y que la proyección de crecimiento es de mil personas por año, con lo que el año próximo el sistema llegaría a 21.500 internos.

Sobre la prisión preventiva, afirmó que existe "un abuso" por parte de los operadores de justicia. "El juez muchas veces se cuida más de no salir en el diario que aplicar la prisión preventiva", dijo. Mencionó un estudio que, según aclaró, no tenía a mano, según el cual una gran cantidad de personas privadas de libertad por hechos punibles contra los bienes de las personas están en condiciones de conciliar: "Tres mil podemos conciliar si se dan las condiciones y ya descomprimís Tacumbú". Consultado sobre si se cumplen los fines de la pena, respondió que técnicamente no.

En materia de proyectos, mencionó un trabajo conjunto con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con presencia en Pedro Juan Caballero para asistir a unas 65 personas privadas de libertad de comunidades originarias, y la intención de habilitar la primera filial de la Asociación de Postpenados en Amambay. Añadió que se buscará, mediante un decreto, replicar el modelo de Hambre Cero para que obras como Che Róga Porã o las inversiones del Estado consuman mano de obra de personas postpenitenciadas.

Respecto del voto de los procesados, informó que una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral aborda su implementación. Sostuvo que la suspensión de la ciudadanía, según la Constitución, solo se produce con condena firme, y que quienes están en prisión preventiva conservan la presunción de inocencia y no tienen restringido el sufragio, un derecho humano de primera generación. Estimó en aproximadamente 18.200 las personas habilitadas para votar y recordó que la Ley Electoral 6971/2022, modificada en 2022 tras observaciones de organismos internacionales, restringe ese derecho únicamente a los privados de libertad con condena y a quienes están rebeldes o prófugos.

En cuanto a los honorarios a los usuarios de la defensa pública, señaló que la iniciativa fue vetada por el presidente y que faltó una estrategia comunicacional para explicar a los profesionales de la matrícula que la medida no iba en contra de ellos. Esquivel es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, notario y escribano público y doctor en Derecho, con un masterado en España. Es docente en la Escuela Judicial y en la Universidad Católica, fue defensor público en Encarnación y camarista declarado inamovible, y ocupa el cargo de defensor general desde mayo de 2024.